La Agencia Tributaria calcula que en España se han ocultado al fisco aproximadamente 200.000 millones de euros usando programas que permiten llevar una doble contabilidad, también conocidos como software de doble uso.
El fraude fiscal nos afecta a todos en general, y en particular, a quienes tengan menos recursos económicos, porque impide a las instituciones ofrecer servicios públicos que consideramos básicos como pueden ser: educación, sanidad, becas de estudio, viviendas o servicios sociales.
Teóricamente todos somos iguales ante Hacienda, pero, a la vista de estos datos, nos preguntamos, ¿realmente, estamos todos compitiendo en igualdad de condiciones?
Para acabar con la economía sumergida y evitar la competencia desleal entre empresas se publicó en julio de 2021, en el Boletín Oficial del Estado, la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, más conocida como la Ley Antifraude, y en octubre de 2021 entraron en vigor los apartados referentes al uso de sistemas informáticos.
Esta nueva ley, entre otras obligaciones, exige a autónomos y a empresas trabajar con un software de facturación y contabilidad que esté certificado por la Agencia Tributaria y establece sanciones para aquellos fabricantes y usuarios que nos las cumplan.
Se podría decir, si esto fuese futbol, que la Ley Antifraude es una táctica de la Agencia Tributaria que pretende achicar espacios y arrinconar a los defraudadores acabando con el software de doble uso para evitar que puedan llevar una doble contabilidad o que no se registren determinadas operaciones.
Si bien, la Agencia Tributaria, ya confirmó que no aplicarán sanciones hasta que entre en vigor el reglamento que actualmente están desarrollando, convendría conocer, cuanto antes, que especificaciones técnicas deben cumplir los programas y sistemas informáticos para certificarse. Confiemos en que las medidas que se establezcan serán claras para evitar quedar expuestos a una brecha jurídica.
En la lucha contra el fraude fiscal, no todas las comunidades autónomas van a la misma velocidad. En el País Vasco, por ejemplo, ya implantaron un sistema de control financiero para todos los autónomos y empresas llamado TicketBAI.
La adaptación va a suponer una importante inversión para los afectados. Por el momento, no existen líneas de financiación específicas para afrontar los cambios, aunque podremos aprovechar las ayudas que ofrece el Kit Digital.
En Infonova ya estamos trabajando en el cumplimiento de las diferentes obligaciones técnicas exigidas por la Ley 21/2021 para ofrecer a nuestros clientes una solución certificada por la Agencia Tributaria.